Tensión entre el derecho a la verdad y la extradición en el marco del posconflicto en Colombia

Abstract

A la luz del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, firmado entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano en 2016, surgen serios interrogantes sobre la implementación del mismo, sobre todo en cuanto a la figura de la extradición y su aplicación a quienes se acogieron a dicho tratado. En Colombia tenemos un antecedente respecto al pacto de paz de Santa Fe de Ralito entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en este proceso la aplicación de la extradición entorpeció la implementación del tratado y afectó directamente a las víctimas, pues se extraditaron 14 jefes paramilitares, y ahí terminó casi en su totalidad el relato de la verdad y con él las posibilidades de justicia, verdad, reparación y no repetición. Aunque es difícil predecir a través de un hecho similar lo que ocurrirá en el futuro, es posible avizorar, según el panorama político, que se tejen redes ocultas para nuevamente truncar el camino que la Comisión de la Verdad debe seguir de acuerdo con el propósito de su creación. El eje central de este escrito gira alrededor de la pregunta: ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado, en caso de efectuarse la extradición de los acogidos al Acuerdo de paz a partir de 2016? Al parecer, según la experiencia, es muy complejo y no hay garantías al respecto, las víctimas del conflicto quedarían a merced de la buena fe de dos sistemas judiciales diferentes, entre los cuales falta mucha articulación y voluntad política, en donde uno de los dos se interesa principalmente por el narcotráfico más que por los hechos victimizantes de una población que no es la suya.