Análisis jurisprudencial de la corte constitucional y el consejo de estado, frente a la consulta popular, en temas de explotación y exploración minero energética en Colombia entre el año 2013 y 2018

Abstract

Las actividades de exploración y explotación minera en Colombia generan problemáticas internas entre los ciudadanos que sufren los detrimentos delos derechos al medio ambiente sano y el Estado, quien es el órgano que legisla, regula y aprueba, y las empresas, privadas o públicas, como personas jurídicas económicas sujetas a derecho dentro de la Constitucional Nacional quienes son los que explotan los recursos no renovables. El presente artículo da cuenta de la jurisprudencia que existe respecto a la minería, hidrocarburos y otras recursos no renovables, emitida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de Colombia, frente al mecanismo civil denominado consulta popular, que permite a los ciudadanos expresarse en contra de la explotación minera y energética indiscriminada que afecta intereses particulares y colectivos. Se detalla igualmente los estudios de casos de consulta minera en municipios del territorio nacional, para una aproximación teórica sobre las estructuras de oportunidad política y difusión, y de democracia participativa sobre la base de las sentencias dictadas desde 2013 hasta el 2018 por la Corte Constitucional. Al aplicarse los parámetros de una investigación socio jurídica de tipo descriptivo en el método cualitativo y con enfoque reflexivo, se pudo encontrar que no existe un precedente jurisprudencial unificado sobre la consulta popular en temas minero energéticos, y se presenta una contradicción en cuanto a sus decisiones ya la Corte Constitucional, en las sentencias SU-095/18, y C-053/19, representan un retroceso en los derechos de la democracia directa, ganados en sentencias previas como la Sentencia T-428 de 1992, la Sentencia C-175 de 2009, la sentencia 1029 de 2010, la sentencia 311 de 2011 y las sentencias SU-095 de 2018 y C-053 de 2019, entre otras, mediante las cuales el ciudadano organizado tenía la facultad de apelar con argumentos jurídicos su posición en contra toda actividad que vulnera su derecho al medio ambiente sano.