El derecho a la progresividad

Abstract

Con la Constitución Política de Colombia de 1991 se adopta la concepción de Estado constitucional, social, democrático y ambiental de derecho, ampliándose la carpeta de derechos constitucionales y los mecanismos para su protección. Tal situación otorga mayores responsabilidades a las autoridades en la tarea de realización paulatina de dichos derechos y, en particular, fortalece la actividad del juez en la interpretación jurídica y la protección efectiva de los derechos constitucionales, lo que ha significado en la práctica diferencias con otras autoridades estatales, ya que se considera que las decisiones judiciales entorpecen las competencias de las mencionadas autoridades, extralimitando las facultades constitucionales y colocando en riesgo la viabilidad del Estado. Los órganos administrativos soportados en las dificultades presupuestales critican entonces los alcances de las decisiones judiciales y se promueven cambios normativos que tienen como propósito la reducción de los compromisos frente a los derechos constitucionales. Esta investigación se propone establecer la naturaleza jurídica del denominado principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales –PP y no R de los DESC, como norma jurídica en materia del control de constitucionalidad e interpretación de los derechos constitucionales en Colombia. Bajo ese marco se pretende analizar cómo el DIDH y la Constitución Política de 1991 enuncian la responsabilidad del Estado en la progresividad de los mencionados derechos; examinar cómo la jurisprudencia en Colombia ha interpretado y aplicado dicha obligación; y determinar el significado y alcance de los enunciados normativos sobre la progresividad de los derechos. La importancia del estudio radica en las tensiones que han surgido entre las diferentes ramas del poder público, dando lugar a que la administración pública haya promovido reformas normativas que reducen las responsabilidades del Estado en la materialización de los derechos constitucionales como respuesta a las decisiones judiciales que han ampliado de manera progresiva dichos derechos.