dc.contributorFreja Calao, Alait De Jesus
dc.creatorIbáñez Macías, Alejandro
dc.date.accessioned2021-01-16T13:41:57Z
dc.date.available2021-01-16T13:41:57Z
dc.date.created2021-01-16T13:41:57Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/18707
dc.identifierinstname:Universidad Libre
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.description.abstractEn la actualidad el derecho penal se ha reconocido como una rama del derecho público interno que puede servir como solución a cualquier tipo de situación, esto en razón que mediante la agresión que este representa a través sus penas, permite un control social aparente. Observamos año tras año, como las políticas criminales de nuestro país suelen crear mucho mas tipos penales, lo anterior permite inferir que esta solución va dirigida al endurecer y fortalecer las sanciones; sin embargo, podemos pensar o suponer que el problema real radica no solo está en la tipificación de nuevas conductas punibles, la solución se ve también en el fortalecimiento de la ejecución del derecho penal; esto entiéndase como el deber que tiene el Estado no solo crear normatividad prohibitiva, si no, a su vez, contar con herramientas que permita desvirtuar el principio de inocencia de la persona que puede verse involucrada dentro de un proceso judicial con todas sus garantías legales, que tiene como norte el orden justo, principio y al mismo tiempo garantía constitucional que debe ser evidenciado como finalidad de cualquier tipo de actuación, este ya sea de carácter administrativo o judicial, toda vez, que la justicia dentro de su razón filosófica cuenta con muchas definiciones, sin embargo a modo de conceptualizar, nos remitiremos como la señalada por Rawls (1971) en su teoría de la justicia, en la que podemos señalar que aquellos que “estando bajo este velo de ignorancia se le pediría a las personas que eligieran las reglas que gobernarían la sociedad en la que ellos, luego de la decisión, se verían forzados a vivir”(pág.25); en nuestro modelo de Estado, es preciso señalar, que si bien, la justicia es un valor y principio constitucional, este no puede ser llamado a ser un fin que se debe conseguir a todo costo, este debe respetar los principios y garantías constitucionales que nuestro Estado ofrece y profesa, si bien, el ánimo de justicia por parte de la ciudadanía es normal, lo bien cierto, es que no podemos hablar de justicia violando las garantías que el mismo debo ofrecer, el presente documento, es el resultado de un proyecto de investigación adelantado por el autor, que tiene como finalidad evidenciar cuales son los limites y criterios que deben ser tenidos en cuenta, para que las pruebas que son obtenidas en la órbita de la esfera privada de una persona, puedan ser admitidas y/o permanecer dentro del proceso, circunstancias que le permite que la verdad se evidencie en este proceso penal.
dc.languagespa
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dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectDerecho de la intimidad
dc.subjectProceso penal
dc.subjectDerecho
dc.titleLa prueba violatoria al derecho de la intimidad personal y su eventual exclusión en el proceso penal Colombiano


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