Discusiones sobre la implementación del acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP: una mirada en perspectiva desde la academia

Abstract

Un grupo de jóvenes y brillantes investigadores en la Universidad Libre, mujeres y hombres –Luz Ángela Gómez, Jorge Andrés Mora, Andrés Guzmán Rincón, los profesores del Observatorio de Paz, Natali Niño Patiño y Juan Carlos García— me ha hecho el honor de solicitarme estas líneas introductorias a un texto que es fruto de sus pesquisas, reflexiones y originales aportes a una problemática que, siendo la de todos los colombianos, se torna aquí materia de un trabajo académico específico que revela una inquietud general en cada una de las presentaciones individuales o colectivas: el esfuerzo creador traducido en letra viva para la solución de una preocupación nacional común: contribuir para hacer de la paz una entidad con vida propia, real, dinámica, en incontenible crecimiento, en irreversible avance. ¡Cesen ya! podríamos pensar, las investigaciones abstractas que se confunden con nuevos diagnósticos en una nación cuyas realidades más crudas están ya, por decir lo menos, sobrediagnosticadas. Es, entonces, hora de que los aportes intelectuales esforzados vayan al encuentro de las soluciones prácticas. El grupo de autores quiere dar —y en efecto la logra— una mirada desde la académia a la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado por el gobierno colombiano con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Pertenecen todos sus autores a la que podría denominarse «La generación del posconflicto», si por tal se entiende la edificación de la reconciliación, la armonía y la apertura de la puerta hacia el progreso sostenido y equilibrado de la sociedad en la que viven. Otros menos entusiastas u optimistas, o quizás más rigurosos, la llamarían «La generación del posacuerdo». Pero cualquiera que sea la forma para denominarlos, lo cierto es que todos, sin excepción, creen en la paz como una realidad, como una urgencia y como una necesidad maleable, dúctil, plástica, que espera ser modelada justamente por las mentes y la acción de científicos sociales que la nutran de vida y de fuerza como lo hacen, sin duda, con los escritos que ahora presentan y que, desde su Observatorio de Paz, la Universidad Libre registra, atesora y somete al ponderado escrutinio de la comunidad académica. Ha vivido el país, después de casi dos años de firmado el acuerdo de paz, tiranteces constantes entre los amigos sinceros del pacto y sus recalcitrantes detractores. Estas han sido tensiones que, desde luego, muy pocos observadores en el exterior pueden entender cabalmente, entre quienes, con la muy responsable negociación de los acuerdos firmados, han producido el hecho incontrovertible de haber evitado que continuara la hemorragia incontenible que venía desangrando a Colombia y, por el contrario, estiman que con esa firma el gobierno entregó el país a los designios de una guerrilla de siniestros antecedentes y de peligrosos nexos con la decadente y vecina Venezuela de Chávez y Maduro, cuyo esquema, según ese enfoque, sería el modelo de país que algunos extremistas de la izquierda quisieran para Colombia. Y el sofisticado engranaje de su maquinaria propagandística posicionó esa disparatada idea, al punto de obtener los resultados conocidos en las elecciones presidenciales. Los acuerdos suscritos fueron en verdad abarcantes en cuanto al radio de acción, puesto que exigen no solo la crucial entrega de las armas —supuesto inamovible de las negociaciones— sino la participación política de los antiguos guerrilleros que complementa y explica aquel supuesto básico. Pero además, y corriendo el grave riesgo de impopularidad, atizada como se vio por la acerbía de sus resentidos opositores, los acuerdos de paz que lideró para la historia el gobierno Santos abrieron la puerta a la necesidad de que el país entre, al fin, a enfrentar la solución de los grandes problemas, algunos de los cuales llevan siglos de atraso, como el gravísimo de la tierra; otros de más reciente aparición como el del narcotráfico que tantas vidas ha costado, que ha diezmado nuestras instituciones y afectado, por su potencia corruptora, los niveles de eticidad en nuestro medio; unos acuerdos que, aún antes de ser firmados, pusieron a las víctimas del conflicto armado en el centro de la escena , no solo para que conocieran la jorge gaviria liévano 13 verdad de lo acontecido sino para que fueran suficientemente reparadas en todos los sentidos. Unos acuerdos que introdujeron, además, el novedoso concepto de la garantía de no repetición, que no se contiene en ninguno de los pactos que pusieron fin a los numerosos conflictos armados de nuestra historia. Unos acuerdos que concibieron una jurisdicción transicional para hacer justicia con los elementos insustituibles enunciados, y a través de unos Magistrados, seleccionados cuidadosamente por su competencia y pulcritud, y por la manera políticamente descontaminada como se hizo la escogencia. Esas peculiares características de la jurisdicción transicional en Colombia la convirtieron, paradójicamente, en el principal blanco de los dardos ponzoñosos que se le han venido disparando sin cesar desde todos los rincones de la extrema derecha nacional y, quizá, de sus aliados internacionales. Con todo, un procedimiento para la JEP fue finalmente aprobado mediante ley ordinaria en las últimas sesiones del Congreso saliente, con dos artículos de dudosa consistencia constitucional que buscan desfigurarla dilatando su acción durante dieciocho meses respecto de los militares, y que quiere una sala especial para ellos, integrada por Magistrados distintos a los actuales y cuya selección estaría seguramente al alcance de los tentáculos políticos que aseguren su máxima docilidad. La JEP, así desfigurada, no podría conseguir que de sus audiencias con los militares saliera a flote la verdad de lo acontecido con sus actuaciones. Esa es, quizá, la razón de fondo que inspira a los vehementes autores de la propuesta. Los militares que han dicho querer acudir ante la JEP para contar su verdad y ser juzgados y sancionados de conformidad, no ocultan su sorpresa y desacuerdo con esas dilatorias normas. Y saben que pueden quedar expuestos a la intervención de la Corte Penal Internacional. Hay buenos motivos para que muchos colombianos sospechen que la maniobra parlamentaria conduce a que la verdad plena de lo acontecido en el conflicto armado quede por siempre sepultada en una de las varias fosas comunes inexploradas que guardan los secretos de nuestra verdadera historia.