Desde la década de 1990, la presión ejercida por instituciones mundiales sobre los países latinoamericanos ha conllevado a ver la gestión del agua desde un enfoque mercantil sometido a las leyes del mercado. Dicha visión, respaldada por instrumentos de control en el acceso y altas tarifas económicas, está generando una exclusión hacia el acceso universal que deben tener los seres humanos al agua. Los gobiernos estatales han delegado su función de prestadores del servicio y, actualmente la libre competencia y el control estricto sobre el consumo de recursos concesionados, pone en riesgo el patrimonio cultural que representan las asociaciones de acueducto comunitario como prestadores del servicio de acueducto en Colombia. El Estado colombiano bajo las autoridades que los representan regionalmente para conceder legalmente el acceso a los recursos naturales, entre ellos el agua, se ha orientado hacia la aplicación de instrumentos rigurosos que dificultan el acceso a quienes no cumplen con la totalidad de requisitos normativos. Los acueductos comunitarios en su afán de cumplir con todas las condiciones establecidas por ley, se han visto obligados a ajustar sus procedimientos a las regulaciones normativas, que indirectamente están impidiendo continuar con su función social, la cual responde al servicio general de la comunidad, más que a intereses particulares. Además porque los requisitos exigidos por las instituciones estatales en la mayoría de los casos no se ajusta a las características del modelo tecnológico y de gestión administrativa que desarrollan las Asociaciones de Acueductos Comunitarios.