| dc.description.abstract | Las normas internacionales de derechos humanos, definen que las personas
privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios deben ser
tratadas con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano, esas
personas son titulares, en igualdad de condiciones, de los mismos derechos
reconocidos a los demás miembros de la sociedad (1).
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
definido privación de libertad como “Cualquier forma de atención, encarcelamiento,
institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley,
ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o
cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no
pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de
personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones
e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también
a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas
instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para
personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para
niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de
asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar
destinada a la privación de libertad de personas” (1). Este trabajo se orienta
específicamente a las personas que han sido privadas de la libertad porque han
cometido delitos e infracciones a la ley, de manera que una autoridad Judicial define
su detención en un establecimiento penitenciario o carcelario en el que se
suspenden algunos derechos (2). | |
