Libro
Conflicto armado y desplazamiento forzado: un caso de migración forzada en Colombia
Fecha
2021Registro en:
Prieto-Bustos, W. O., & Manrique-Hernández, J. (Eds.). (2021). Conflicto armado y desplazamiento forzado: un caso de migración forzada en Colombia. Editorial Universidad Católica de Colombia.
978-958-5133-90-7
978-958-5133-89-1
Autor
Prieto-Bustos, William Orlando
Manrique-Hernández, Johanna
Dueñas-Portes, María Alejandra
Torres-Castiblanco, Marlén Cecilia
Jaramillo-Cruz, María Camila
Institución
Resumen
Colombia es el país con mayor número de personas desplazadas por la violencia en el mundo; según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugirados de las Naciones Unidas (ACNUR), a 2017 se habían registrado 7,7 millones de desplazados internos. La migración forzada producto de los desplazamientos causados por el conflicto armado, en un contexto con débil protección de derechos de la población víctima y de escasa generación de ingresos, representa un desafío para el desarrollo social, el cual se encuentra limitado por altos niveles de pobreza y de concentración del ingreso. En particular, la territorialización de los acuerdos de paz sigue actualmente en proceso de construcción con serias dificultades en los sistemas de seguridad de líderes sociales y en la mejora de oportunidades económicas en opciones legales y formales para contrarrestar los perjudiciales efectos de las economías criminales que están asociadas a la minería ilegal y al narcotráfico.
La investigación realizada desde la perspectiva teórica de la migración forzada contribuye a la construcción de estrategias desde diferentes frentes, principalmente desde el institucional y del mercado laboral, para reducir los obstáculos de reinserción de las víctimas a la sociedad civil a través de una política pública construida desde la participación ciudadana. En este sentido, los procesos de gobernanza con participación ciudadana se sitúan en una concepción de seguridad que abarca la obligación del Estado al momento de ofrecer mejores oportunidades de ingresos en las economías legales, de protección a los derechos humanos
y democráticos y de consolidación de los mecanismos de justicia transicional que
resulten prioritarios en el avance hacia una paz sostenible.