Libro
Elementos y presupuestos de la contratación estatal
Fecha
2018Registro en:
Bahamón-Jara, M. L. (2018). Elementos y presupuestos de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia
978-958-5456-22-8 (impreso)
978-958-5456-23-5 (digital)
Dewey 352.53. ed. 21
Autor
Bahamón-Jara, Martha Lucía
Institución
Resumen
El derecho de la contratación estatal constituye desde hace algunos años un importante campo de estudio al interior de la Doctrina y Jurisprudencia propia del derecho administrativo. Este, tiene su génesis teórica en el derecho de los contratos del derecho privado y, sin embargo, se ha separado de este a tal punto que ha roto con la tradicional autonomía de la voluntad de aquellos para dar lugar a una relación contractual supeditada a principios de orden público al interior de la cual, se otorga a la administración una serie de facultades exorbitantes o extraordinarias que excluye, toda posibilidad, de igualdad entre las partes contratantes. La celebración de contratos administrativos, en concordancia con los mandatos constitucionales, tiene como principal causa la satisfacción de las necesidades su celebración sea el cumplimiento mismo de los fines estatales, la prestación de servicios garantía y materialización de los derechos constitucionales de los particulares, siendo por tanto un medio para el cumplimiento de un fin de interés general, susceptible de ser realizado mediante la aplicación del Estatuto de Contratación Estatal y demás normas concordantes. Están supeditados en la práctica a restricciones y limitaciones, tal como los procesos de selección, cuya finalidad es limitar la indebida utilización de los recursos públicos en beneficio de los particulares, así como disminuir los índices de corrupción y la percepción de la misma al interior de la opinión pública. For some time, the law of state contracting has been an important are of study within the doctrine and jurisprudence of administrative law. This are of the law has its theoretical roots in the contract law of private law, but, nonetheless, has distanced itself from the former such that it has broken with the traditional free will of the parties. The principle of free will has instead given way to a contractual relationship subordinated to principles of public order, in which the administration is granted a series of enormous or extraordinary powers that exclude any possibility of equality between the contracting parties. In accordance with constitutional mandates, the celebration of administrative contracts is to satisfy collective needs and those of the general interest. This implies that the object of the contract is the fulfillment of state purposes, the provision of services, and the guarantee and materialization of the constitutional rights of individuals. Thus, the contract is a means for the fulfillment of a goal of general interest, which is capable of realization through the application of the Statute of State Contracting and other concordant laws. In practice, these contracts are subject to restrictions and limitations, such as selection processes, the goal of which is to limit the undue use of public resources to the benefit of particulars, thus reducing levels of corruption and the perception of corruption among the public.