Proceso administrativos previos a la ejecución de garantías en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública

Abstract

El objetivo de la presente investigación ha sido determinar la condición de los Contratistas del Estado, específicamente lo referente a la ejecución de garantías y consecuentemente la terminación unilateral de la relación jurídica. El presente trabajo, tiene como punto de partida el contrato administrativo instrumento por el cual, las partes contractuales generan derechos y obligaciones entre sí, mismo que tiene su origen en el derecho romano y ha sufrido transformaciones hasta adaptarse al derecho administrativo. Es necesario precisar, que a lo largo de este trabajo de titulación he realizado un análisis en base a principios y criterios del Derecho Administrativo así como principios constitucionales, que tienen como finalidad regular las actuaciones del Estado evitando la arbitrariedad. Además de lo señalado en el parágrafo anterior, el referido análisis, toma en cuenta las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública (actual Servicio Nacional de Contratación Pública), mismas que nos permitirán centrarnos en la problemática actual, tomando en cuenta la situaciones similares que ocurren en los países de Costa Rica, Colombia y Chile. Esta investigación pone énfasis en los mecanismos de protección de derechos que tienen los Contratistas cuando actúan en su papel de administrados, frente a las potestades exorbitantes que posee la Administración Pública, examinando a través de un sistema de pesos y contrapesos los derechos de la Administración Pública frente a los derechos de los Contratistas, tratando de identificar mecanismos para frenar esta brecha y tratando de determinar un punto de equilibrio entre el interés público y el de los particulares. Con lo cual, podemos inferir que es necesario generar procedimientos de reforma a la normativa vigente que regula la contratación pública en el Ecuador, en la que se prevean mecanismos de reclamo en la fase contractual