Análisis de la formulación de la política pública de víctimas de desplazamiento forzado en la fase de retorno en Santiago de Cali : en el caso del Plan Integral Único.

Abstract

El desplazamiento forzado es una de las tragedias humanitarias más crueles y nefastas que ha dejado el conflicto político social armado en nuestro país que fractura la biografía de quienes lo padecen. Una de las garantías constitucionales de reparación a las víctimas proferida por la ley 387 de 1997, es el retorno, este se enmarca en tres condiciones básicas para su desarrollo: voluntariedad, seguridad y dignidad. Rastrear el retorno en el proceso de formulación de la política pública de víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali en su carta de navegación como es el plan integral único (PIU) y además obtener una lectura de algunos de los actores que estuvieron inmersos en la discusión de los planes y proyectos de la política pública y de algunos académicos especialistas en el desplazamiento forzado, hace de este trabajo de investigación una fuente documental de la experiencia de este primer proceso construido para la atención de las víctimas de deslazamiento forzado de la ciudad de Cali, que fue obtenido no por un proceso de discusión entre la sociedad civil y el gobierno local en la ciudad, sino por la presión de la corte constitucional ante el ministerio del interior y de justicia (MIJ) principalmente por el auto 052 de 2008 y el decreto 314 de 2009 lo que constituye una penosa muestra en términos de gobernabilidad local respecto a la tragedia humanitaria que tiene aproximadamente más de tres millones de víctimas en el país desde 1990, según lo develan las fuentes oficiales. Poder acercar al lector al proceso de construcción de la política pública desde la mirada de algunas de las víctimas de desplazamiento forzado, algunos sectores de la academia y ciertos funcionarios públicos es parte fundamental de este trabajo de investigación que pone sobre el telón todo el clima de discusión alrededor de esta puesta organizativa y que reveló una fractura en la unidad de las organizaciones de víctimas de desplazamiento forzado y una premura institucional por validar ante la corte constitucional un documento ilegítimo que no representaba los intereses de la población víctima de deslazamiento forzado en la ciudad de Cali