La institucionalidad del Estado venezolano se debilita al carecer de políticas públicas integrales que abarquen los diferentes factores que originan y facilitan la violencia. Este documento es producto de la recolección de sucesos de violencia interpersonal relacionados con dos factores mezosociales como son la masculinidad y las ciudades divididas; y un factor microsocial, relacionado con el incremento de armas de fuego en mano de los ciudadanos, reseñados en los principales periódicos del Estado Táchira, Venezuela. De los registros se obtuvieron 699 delitos durante el 2013. En el 77% de los casos las víctimas fueron hombres en edades comprendidas entre 18 y 30 años. El 58,88% de los delitos fueron homicidios registrándose un tipo de violencia delincuencia! (58%) a causa de muertes por encargo (sicariato), en su mayoría ocurrieron un día de la semana en el día y fuera de la zona donde vivía la víctima, siendo la calle el lugar común del delito en el Táchira. El 73 ,5% de las armas utilizadas fueron de fuego; en el 37,5% de los sucesos los familiares denunciaron pero solo el 5,8% llegaron a tribunales y el 0,9% se les dictó sentencia.57-85albornoz@ucat.edu.vesemestralThe institutions of the Venezuelan Sta te are weak because of the lack of comprehensive public policies that address the factors that drive and facilita te violence. The report from the Observatory of Interpersonal Violence recorded cases of interpersonal violence taking into account social factors such as gender, divided cities and the increase in the possession offirearms in hands of citizens, reported in major newspapers in the State of Táchira, Venezuela. In 2013, 699 violent crimes were recorded. 77% ofthe victims were men aged between 18 and 30 years old. 58.88% ofthe crimes were homicides related to street violence and ofthat percentage, 58% were committed by hit men. Most ofthe crimes occurred in broad daylight on streets outside the area where the victims resided. 73.5% of the weapons used were fiream1s. 37.5% of cases were reported to the police by families and only 5.8% reached the courts; 0.9% resulted in sentences.