This thesis studies with rigor the consequences generated by placing procedural subjects who have no legitimacy to act passively in the Contentious Administrative Proceedings in the Second Specialized Permanent Labor Court of Ascope of the year 2009 to 2011, as in judicial practice in the aforementioned judged which is supported of the Local Education Management Unit of Ascope, Regional Management La Libertad and Public Prosecutor of the Regional Government La Libertad, without question, if legally they all have passive legitimacy to act in such processes. In this investigation it has been revised ninety six cases investigated in the Second Specialized Permanent Labor Court of Ascope of the Superior Court of Justice of La Libertad in the years 2009 to 2011; as well as survey has been applied to judges of the Superior Court of Justice of La Libertad who know administrative proceedings. This last one with the purpose to determine the way how to handle the Processes Contentious Administrative, such as the emplaced ones which are involved in these, and the consequences generated by admitting the intervention of procedural subjects that would not be called by law to defend the interests of the state. This led us as a result, that being the Regional Public Prosecutor who exercises the judicial defense of the interests of the regional governments, should be the only one to intervene as a defendant in the administrative proceedings; otherwise, the consequences generated by placing to procedural subjects who have no legitimacy to act passively in the administrative proceedings are the violation of the principles of equality, swiftness and procedural economy, which undoubtedly causes the increased load of procedures unnecessary for the Second Labor Court of Ascope.La presente tesis estudia con riguridad las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope del año 2009 al 2011, dado que en la práctica judicial en el referido Juzgado se admite el emplazamiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope, Gerencia Regional de Educación La Libertad y Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad, sin cuestionarse, si jurídicamente todos ellos tienen legitimidad para obrar pasiva en dichos procesos. En ésta investigación se ha revisado noventa y seis expedientes tramitados en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope de la Corte Superior de Justicia de La Libertad de los años 2009 al 2011; así como, se ha aplicado encuesta a Magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que conocen Procesos Contenciosos Administrativos. Esto con la finalidad de determinar la forma como se tramitan los Procesos Contenciosos Administrativos, como los emplazados intervienen en éstos, y las consecuencias que se generan al admitir la intervención de sujetos procesales que no serían los llamados por ley para defender los intereses del Estado. Esto nos condujo como resultado, que al ser el Procurador Público Regional quien ejerce la defensa judicial de los intereses de los Gobiernos Regionales, debe ser el único que debe intervenir como parte demandada en los Procesos Contenciosos Administrativos; de no ser así, las consecuencias que se generan por emplazar a sujetos procesales que no tienen legitimidad para obrar pasiva en los Procesos Contenciosos Administrativos son la vulneración a los principios de igualdad, celeridad y economía procesal, lo que indudablemente origina incremento de carga procesal innecesaria en el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Ascope.Tesis