No nos es ajeno que la implementación de la reforma procesal laboral detenta importantes objetivos en pro de efectivizar los derechos fundamentales de los justiciables a través de mecanismos e instituciones procesales que conlleven concretizar una solución pronta y eficaz, por citar algunos ejemplos tenemos: un proceso con plazos cortos, la justicia onmicomprensiva, preponderancia de la oralidad, la peculiaridad de ser un proceso por audiencias, la implementación de medios tecnológicos, la instauración de una audiencia independiente de conciliación, entre otros. No obstante, aún siguen latentes problemas “estructurales – coyunturales” que tratan de mermar los caros objetivos que pretende la Nueva Ley Procesal de Trabajo, por un lado tenemos la contingencia propia de la implementación de una reforma sin apoyo presupuestario ni logístico, entre los cuales tenemos la sobrecarga procesal pues los procesos laborales en su mayoría se resuelven a más de un año o a razón de que las audiencias se programan a más de 10 meses de iniciado un acto procesal; por otro lado, se encuentra una problemática subsecuente a una “mala práctica judicial” consistente en la renuencia de los justiciables de solucionar los conflictos a través de una mecanismo alternativo de resolución de conflicto, esto es, la conciliación, lo cual conlleva a debatir sobre la pertinencia y eficacia de la audiencia de conciliación. Bajo este escenario, ha sido el distrito jurisdiccional de La Libertad - cuna del Derecho laboral y Procesal laboral nacional- que ha manifestado propuestas innovadoras a fin de contrarrestar los problemas citados en el párrafo anterior a través de la aplicación del juzgamiento anticipado, mecanismo de simplificación procesal que ha tenido una presencia descollante en la absolución de procesos e inclusive ha generado que los mismos operadores jurisdiccionales elaboren criterios jurisdiccionales a efecto de determinar su correcta aplicación. En ese sentido, la presente investigación aborda el juzgamiento anticipado bajo tres aristas vitales del Derecho, tenemos a la doctrina como sustento primordial del marco teórico tanto del juzgamiento anticipado, el derecho a la prueba con la subsecuente relación con los principios rectores de la Nueva Ley Procesal de Trabajo y el proceso laboral en sí mismo (específicamente los principios de concentración, celeridad y economía procesal), así como con la actividad probatoria y el deber de motivación de las decisiones jurisdiccionales; en líneas posteriores se analizó tanto la regulación normativa nacional y extrajera, así como la casuística, esto es, 60 procesos judiciales resueltos mediante este mecanismo de simplificación procesal. Ahora bien, el estudio de los procesos judiciales del año 2013 permitió analizar si los juzgadores aplicaron correctamente el juzgamiento anticipado ya sea motivando su decisión oral dada la estructura del proceso laboral, así como, si determinaron correctamente los supuestos configuradores de este mecanismo de simplificación procesal para un oportuna resolución del caso, todo ello a fin de establecer pautas procedimentales o criterios específicos que permitan su aplicación en un mayor grado.No stranger to us that the implementation of the labor procedural reform holds major objectives towards effectuate the fundamental rights of individuals through mechanisms and legal procedures involving concretize a prompt and effective solution, to name a few examples are: a process short deadlines, prevalence of orality, the peculiarity of being a process hearings, the implementation of technological means, the establishment of an independent conciliation hearing, among others. However, still latent problems "structural - cyclical" seeking to undermine the expensive objectives pursued by the New Labour Procedure Act, on the one hand we own contingency implementing a reform without budgetary or logistical support, including we have the backlog of work processes as most are resolved over a year or reason that hearings are scheduled over 10 months into a procedural act; on the other hand, is a subsequent issue to a "bad judicial practice" consisting of the reluctance of litigants to settle disputes through an alternative dispute resolution mechanism, that is, the reconciliation, which leads to debate the relevance and effectiveness of the conciliation hearing. Under this scenario, it has been the judicial district of La Libertad - home of labor employment and national-Litigation innovative said that to counter the problems cited in the preceding paragraph through the application of prior judgment proposals, simplification mechanism procedure that has had an outstanding presence in the acquittal of processes and has even generated the same jurisdictional operators develop jurisdictional criteria in order to determine their correct application. In that sense, this research addresses the anticipated judgment under three vital facets of the law, we have the doctrine mainly support the theoretical framework of both the prior judgment, the right to test the subsequent relationship with the guiding principles of the New Law Working Procedure and the labor process itself (specifically the principles of concentration, speed and procedural economy) as well as the presentation of evidence and the duty of motivation of judicial decisions; Subsequent lines in both the national and would extract normative regulation and analyzed the casuistry, that is, 60 lawsuits resolved by this mechanism of procedural simplification. However, the study of court proceedings in 2013 allowed judges to analyze whether the prior judgment correctly applied either motivating his oral decision given the structure of the labor process and, if determined configurators assumptions of this mechanism properly procedural simplification for a timely resolution of the case, all in order to establish procedural guidelines or specific criteria to use in a greater degree.