En América Latina, la reforma del Estado se ha centrado en la privatización de amplios sectores de la administración pública y en la desregulación de una gran variedad de actividades y procedimientos, para impulsar al sector privado como eje principal del desarrollo económico nacional; paralelamente a estos esfuerzos varios países de la región han iniciado o acentuado los procesos de descentralización y fortalecimiento del federalismo. A partir de la década de los ochenta, los profundos cambios internacionales, particularmente económicos, han obligado a una revisión del papel del gobierno federal, estatal y municipal de lo que realmente pueden y deben desempeñar en la promoción del desarrollo, lo cual está llevando en algunos países, como México, a profundizar en un proceso de democratización de la administración pública, de redefinición de competencias y recursos, ante la tendencia a la integración económica, misma que provoca efectos desiguales en el territorio nacional. El modelo centralista está agotado, hoy día el gobierno central ha dejado de ser el único protagonista en la vida nacional y requiere, necesariamente, involucrar en las tareas del desarrollo a los gobiernos locales y a la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones. En México, hoy existen infinidad de voces (estudiosos de la administración pública, empresarios, representantes de organismos no gubernamentales y del propio gobierno), que se manifiestan partidarios de la descentralización. Los argumentos para llevar adelante este proceso, en los diferentes órdenes de la vida nacional son variados: para promover la eficiencia económica del aparato productivo; para lograr una mayor equidad entre los tres ámbitos de gobierno, y al interior de cada uno de ellos; para democratizar el ejercicio del poder ampliando la participación social. Invariablemente, implícita o explícitamente, todos se pronuncian por un fortalecimiento de los gobierno estatales y, sobre todo, municipales por su relación directa e inmediata con la población.