Derechos fundamentales vs la aplicación del principio de oportunidad en sede fiscal

Abstract

El nuevo Código Procesal Penal introdujo como novedades la figura jurídica del Principio de Oportunidad conforme quedo redactado en su artículo segundo, siendo el Ministerio Público, Titular de la Acción Penal, el cual puede abstener de seguir ejercitando la acción punitiva antes y después de aperturarse la instrucción siempre en cuando se cumplan los requisitos esenciales que señala dicho dispositivo legal. Pero, este principio jurídico con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal estuvo divorciado y distante de la norma fundamental; es decir de la constitución política, al otorgarle facultades a entidades de la administración de justicia; es decir al Ministerio Público para la resolución de conflictos en materia penal. Esto violenta no solo el principio de legalidad, sino que aun va más lejos al desconocer las facultades ya atribuidas por la Constitución la cual prescribe que para la resolución de conflictos en materia penal, es necesaria la jurisdicción; además de una ley orgánica que solvente en la mejor medida posible la justa resolución de conflictos. Garantías estas indispensables para la defensa de los derechos fundamentales no solo de las partes en el proceso; sino de la sociedad, al ser uno de los fines primordiales del derecho penal la paz y/o tranquilidad pública. Bajo este contexto, el Jus Puniendi con el objetivo específico de desintoxicar la administración de justicia y darle la eficacia jurídica procesal al Principio de Oportunidad se promulgo en el Diario Oficial "El Peruano" el día 23 de Febrero del año 2002 la Ley 27664, que modifica y moderniza el Artículo 2 del Código Procesal Penal, incluyendo en el segundo párrafo el término siguiente: "Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o documento privado legalizado por Notario, no será necesario que el Juez cite a las partes a que presten su consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad". La aplicación de este principio puede ser extra proceso – antes del inicio de una investigación judicial – e intra proceso – durante el proceso judicial. Esta es otro desatino que trae consigo esta nueva legislación al otorgarle a las partes del proceso el poder para la resolución de un conflicto que no se agota en los intereses y/o derechos de los particulares al ser el derecho penal, una rama del derecho público, y por tal de interés de la sociedad en su conjunto. La aplicación de alternativas de solución inter partes (espacio de consenso), es beneficioso dentro de un marco legal que evite abusos en su aplicación; sin embargo los medios utilizados también requieren de ser legítimos, ello implica el respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución. Siendo esto así, hacer frente a la numerosa pequeña y mediana criminalidad tiene un significado capital para la eficacia de la administración de justicia. Por ello desde 1991 el legislador peruano ha utilizado dos instrumentos de política criminal con los que espera enfrentar este problema: la posibilidad del archivo por razones de oportunidad mediando el cumplimiento de unas condiciones o mandatos, y la finalización del proceso a través del consenso entre el Juez, el Ministerio Público y la defensa, es decir la terminación anticipada del proceso, además de existir otros mecanismos alternativos de solución de conflicto penal. Por tanto la presente investigación se orienta a determinar la vulneración de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales con la aplicación del Principio de Oportunidad en sede fiscal o etapa preliminar. La principal motivación ha sido en lo que respecta al derecho del imputado que es a la presunción de inocencia, que solo se puede desvirtuar con medios probatorios que permitan inferir la comisión del delito. Nuestro estudio objetivo y de campo ha permitido determinar que hasta cierto punto los fiscales no ven vulnerado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional, sin embargo, conforme se plasma en el trabajo de campo (encuestas) estas serían desvirtuadas por la poca o casi nada motivación de resolución de abstención del ejercicio de la acción penal, como también al embestirse de facultades jurisdiccionales que no le competen; todo esto agregado a la gran mayoría de respuestas por parte de los abogados defensores que si consideran una vulneración a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues el ordenamiento legal respecto a la aplicación del principio de oportunidad en sede fiscal no es muy claro y sobre todo contrario a nuestra Constitución. En ese sentido, consideramos pertinente señalar la transgresión por parte del Ministerio Público en sus funciones, que no van más allá de conducir desde su inicio la investigación del delito (artículo 158 inciso 4 de la Constitución); sin poder arrogarse facultades jurisdiccionales (artículo 139 inciso 1 de la Constitución) para la resolución de un conflicto. Dichas opiniones recopiladas a lo largo del trabajo, fueron esenciales para darle un sustento legal a objeto de estudio y así mediante una recomendación proponer un control de legalidad (juez de garantías) en la aplicación de dicho principio en sede fiscal