| dc.description.abstract | En el año 1990, Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño/a,
asumiendo un compromiso primordial con la infancia y adolescencia, en el cual
reconoce los derechos humanos de las/os niñas, niños y adolescentes (NNA), en
ámbitos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, y resguardando un
pleno desarrollo físico, mental y social. De esta manera, el Estado tiene la
obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de
todos los derechos reconocidos en dicha Convención (UNICEF, 2019a).
Los/as NNA tienen derecho a crecer y vivir en un contexto familiar que
otorgue protección, cuidado y afecto, para cubrir sus diversas necesidades. Sin
embargo, no todos los padres y madres cuentan con las condiciones para
propiciar un entorno familiar apropiado, lo que conlleva a situaciones de grave
vulneración a sus derechos. Frente a estos casos, rige el principio fundamental del “interés superior del niño” en el cual se asegura una adecuada protección y
cuidado por parte del Estado, cuando las personas responsables del niño, niña o
adolescente no poseen la capacidad para hacerlo (Zavala, 2015).
Ante este escenario, nuestro país ha desplegado una serie de medidas para
contrarrestar los efectos de dichas vulneraciones, implementando programas de
protección a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), quien tiene
como misión contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los
derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados, así como favorecer la
responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley, a través de
una oferta programática entregada por la institución y sus organismos
colaboradores (SENAME, 2020a). Este organismo público fue creado en el año
1979, mediante el Decreto Ley número 2.465, siendo dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. | |
