El silencio administrativo en la legislación ecuatoriana

Abstract

La Constitución Política de la República del Ecuador en su parte dogmática establece derechos materiales o fundamentales y derechos de contenido formal –derecho de petición- cuyo objetivo es viabilizar la eficacia de los primeros. El artículo 23, numeral 15, de la C.P. consagra el derecho de petición a través del cual el administrado está legitimado por sí y no a nombre del pueblo para: a) dirigir quejas y peticiones al órgano competente; y, b) a que éstas sean atendidas con pertinencia –conforme al derecho-, motivadamente (artículo 24, numeral 13, C.P.) y en el plazo que señala la ley. El artículo 28 de la “ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa Privada” –LM- establece, como regla general, que la administración tiene un término de quince días para resolver los reclamos, solicitudes o pedidos de los administrados. Pero, (…) puede ocurrir que la administración no responda, guarde silencio (…), en cuyo caso la legislación ecuatoriana –artículo 28 de LM y otras similares- prevé la institución del silencio administrativo. Transcurrido un plazo sin que la administración pública cumpla con su obligación de resolver (artículo 23, numeral 15, C.P.), el silencio administrativo podría adoptar uno de los dos efectos siguientes: a) Efecto negativo o desestimatorio, cuando la petición se considera denegada; o, b) Efecto positivo o estimatorio, conforme al artículo 28 de la LM, cuando la petición se considera aceptada. Sin considerar si el efecto de la inactividad de la administración es negativo o positivo, la inobservancia de su obligación de resolver le vincula directamente con el peticionario a través de la institución del silencio administrativo. Institución que tal como fue concebida por el artículo 28 de la LM crea cierta incertidumbre y confusión en su aplicación.