| dc.description.abstract | Siguiendo los parámetros de la Real Academia de la Lengua Española, la migración se
puede definir como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos de individuos,
causado en su generalidad por motivos económicos o sociales. La definición comprende dos
sentidos de desplazamiento, refiriéndose al traslado básico de los seres humanos tales como el
movimiento de un estudiante a su centro de instrucción , y a un desplazamiento terminante
que trae aparejado una estabilidad tal, que lleva consigo un cambio de residencia.
Éste fenómeno, y en especial el referente al sentido de migración estable, viene
arraigado a la humanidad desde sus orígenes, constituyendo actualmente un indicativo de la
situación económica, política y social de los países, a modo tal, que aquellos con crecimiento y
estabilidad en dichos ámbitos otorgan a las personas seguridad, bienestar social, empleo y
oportunidades estables de creación de riqueza.
Por lo anterior, se hace indispensable en esta materia que el fundamento de la política
gubernamental se enfoque en una adecuada y controlada apertura a los flujos de personas con
el fin de que por parte de los países receptores se vele por una acogida de los migrantes sin
discriminación a través de un contexto de respeto a la persona, institucionalidad democrática,
constitución y las leyes.
De este modo, la directriz o piedra angular de la legislación y la política migratoria tanto
en Chile como en el mundo, se deben basar primariamente en el respeto de los derechos
humanos de los migrantes, de lo cual deben derivar como principios rectores de gestión, la
regularización de las situaciones de residencia, la igualdad en el ejercicio de los derechos
fundamentales sin distinción alguna y en la creación de un órgano que eficazmente supervigile
el cumplimiento de ellos.
Respecto al carácter económico que mayoritariamente lleva reflejado este fenómeno, es
menester comprender que en nuestro país, a raíz de la mutación del sistema económico llevada
a cabo en los años 70’s y 80’s y la estabilidad política a partir de los 90’s, se originó un rápido crecimiento económico trayendo aparejada una reducción de la pobreza, un aumento en los
indicadores sociales, y a la vez, un aumento de la brecha del producto por habitante existente
en Chile con respecto a los demás países latinoamericanos, incentivando de este modo el
ingreso de extranjeros hacia el país.
Por su parte, las políticas migratorias de Chile en los últimos años se han enfocado en
hacer catastros y regularizar a quienes no tienen los papeles al día, todo ello con la finalidad de
avanzar en el cumplimiento y ejercicio de los derechos y deberes por parte de aquel grupo
vulnerable de la población. Dichas reformas si bien han ayudado, […] “continúa siendo
necesario revisar y uniformar los principios que orientan los instrumentos legales de
inmigración, de manera que permitan conciliar las lógicas de implementación existentes y
asegurar el ejercicio de los derechos sin discriminación.”1. Para ello es apremiante hacer una
reforma a la institucionalidad en pro de crear una institución dotada a modo tal que vele de manera eficaz el sistema de información de los derechos, la tramitación de diligencias
apremiantes, y la supervisión del cumplimiento de la normativa favorable al inmigrante.
El DL 1.094 referente a materias de extranjería, el DS 597 que contiene el reglamento
de extranjería, y el DS 5.142 que contiene disposiciones sobre la nacionalización de extranjeros,
se encuentran absolutamente desfasados ya que otorgan una serie de dificultades en la
regularización migratoria. Es por ello que es de necesidad apremiante que nazca a la vida del
derecho una nueva legislación y una nueva institucionalidad que otorgue una integración social
a los trabajadores migrantes y sus familias, de modo que se reconozca el aporte cultural, social
y económico otorgado por ellos.
El objetivo general de esta investigación tiene por finalidad establecer si es viable
modificar la normativa legal vigente en torno a la institucionalidad existente, a favor de un
nuevo órgano que agrupe dentro de su ámbito de aplicación la supervigilancia del
cumplimiento de los derechos del inmigrante, otorgar información de dichos derechos y facilitar, así como hacer más expedita, la tramitación de ciertas diligencias básicas y necesarias
que debe realizar este grupo de la población. | |
