En los últimos años ha constituido un problema de salud pública la adulteración de licores, esto no es un caso particular para el país, a nivel mundial se ha intentado controlar dicha situación con mayores restricciones y legislaciones más fuertes, tal es el caso de múltiples proyectos de ley como la 075 del 2011, en las cuales se proponen límites menos tolerables y penalidades más severas y el decreto 1686 de 2012 que regula los requisitos sanitarios para la producción de bebidas alcohólicas; no obstante el problema de salud está pasando a un segundo plano, ya que existen organizaciones muy bien estructuradas que están a cargo de la elaboración de estas bebidas dejándolas cada vez más difíciles de percibir como no licitas. Toda esta situación está llevando a las licoreras a estados económicas graves, pero la adulteración no es solo problema de organizaciones delincuenciales, también de malos manejos dentro de las mismas industrias reconocidas que las han llevado a diferentes circunstancias penales (Zapata, 2012) (Proyecto de ley 075 de 2011 Cámara) (Kirk, Sawyer, & Egan, 2005) La adulteración de bebidas alcohólicas o su mala producción pone en peligro al consumidor por la presencia de distintas sustancias que se producen durante el proceso de fermentación y tienen un carácter altamente toxico, como lo es el metanol, el ácido cianhídrico, aldehídos y los aceites de fusel altos y bajos , estos últimos son constituidos por una mezcla de alcoholes que tienen mayor y menor punto de ebullición que el etanol (conocidos como alcoholes superiores), por eso mediante una correcta rectificación de la bebida alcohólica se puede hablar de una sustancia apta para el consumo humano, pero en dicha rectificación se pierden también algunos ésteres volátiles y aceites esenciales que confieren el aroma respectivo a cada licor (Vollmer, 1999) (Kirk, Sawyer, & Egan, 2005).