Es objetivo de este escueto trabajo ensayar algunas reflexiones referidas al instituto del juicio abreviado. Más concretamente, nos proponemos analizar los límites e implicancias del consentimiento del imputado y su defensor en el instituto regulado en los arts. 395 y siguientes del C.P.P. Es pertinente señalar que no nos ocuparemos de la discusión doctrinaria y jurisprudencial que, sobre todo en el ámbito de la justicia nacional, se ha suscitado en torno a la validez constitucional de este procedimiento, sin que ello implique desdeñar los respetables argumentos que lo tachan de inconstitucional. Sin perjuicio de admitir que tal exclusión implica –en cierta medida- suponer la legalidad del instituto que nos ocupa, lo cierto es que pretendemos que estas reflexiones puedan tener alguna utilidad para el operador jurídico de la Provincia de Buenos Aires, ante quien el juicio abreviado se presenta como una herramienta útil para acelerar el trámite de los procesos, en el contexto de una realidad institucional en la que los organismos jurisdiccionales aparecen excesivamente congestionados. En cambio, sí nos ocuparemos, aunque más no sea someramente, de otras cuestiones que resultan decisivas para abordar el tópico que nos ocupa. En primer lugar, ensayaremos una breve conceptualización del instituto del juicio abreviado tal como está legislado en nuestra provincia a partir de la ley 12.059. Mencionaremos luego los problemas que conlleva desentrañar el alcance que tiene la expresión pena a los efectos de dilucidar que es aquello que puede formar parte de la conformidad del imputado. Finalmente, luego de referirnos brevemente a la decisión respecto de la admisibilidad de este instituto, nos adentraremos en el objetivo de este artículo, que como ya se señaló, consiste en analizar los alcances e implicancias del consentimiento del imputado y su defensor en el instituto del juicio abreviado.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales