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La prueba de oficio como deber de los jueces: hacia una mejor tutela del debido proceso en el proceso civil peruano
Autor
Gibaja Gaona, Alan Fabricio
Institución
Resumen
La prueba de oficio es uno de los temas más controvertidos en el Derecho
Procesal, puesto que su actuación puede ser vista una herramienta útil para la
resolución del conflicto conforme a derecho en base a la búsqueda de la verdad
o, por el contrario, puede ser vista como una vulneración a derechos y garantías
procesales. Si bien el actual Código Procesal Civil regula la prueba de oficio, se
puede constatar que dicha regulación tiene como base la finalidad mixta del
proceso civil peruano: la resolución del conflicto y la pacificación social. Así, se
entiende la postura tomada por el legislador de aceptar la actuación de la prueba
de oficio pero imponiendo una serie de límites y requisitos a dicha actuación.
Sumado a lo anterior, encontramos las reglas vinculantes contenidas en el
Décimo Pleno Casatorio Civil que buscan aclarar ciertos puntos importantes de
la regulación de la prueba de oficio a nivel civil; sin embargo, la primera regla
establece cuál es la naturaleza de la actuación de esta prueba oficiosa
remarcando que es una facultad del juez. Sin embargo, dicha postura implica
una serie de problemas que vulneran el debido proceso: la excesiva
discrecionalidad de los jueces y la prohibición de declarar nula una sentencia por
la no actuación de este medio probatorio oficioso,
El presente trabajo busca abordar esta problemática respecto a la naturaleza de
la prueba de oficio con el objetivo de determinar si debería modificarse la
naturaleza de esta herramienta procesal a fin de que sea considerada como un
deber del juez. La conclusión a la que llegamos en el presente trabajo es
afirmativa: la prueba de oficio debe ser un deber del juez, puesto que es la única
manera de tutelar el derecho debido de las partes procesales de forma adecuada
conforme al constitucionalización del Derecho. Ex officio evidence is one of the most controversial topics in Procedural Law,
since its performance can be seen as a useful tool for resolving the conflict in
accordance with the law based on the search for the truth or, on the contrary, it
can be seen as a violation of rights and procedural guarantees. Although the
current Civil Procedure Code regulates ex officio evidence, it can be seen that
said regulation is based on the mixed purpose of the Peruvian civil process: the
resolution of the conflict and social pacification. Thus, it is understood the position
taken by the legislator to accept the performance of the ex officio test but
imposing a series of limits and requirements on said performance. Added to the
above, we find the binding rules contained in the Tenth Civil Cassation Plenary
that seek to clarify certain important points of the regulation of ex officio evidence
at the civil level; However, the first rule establishes the nature of the performance
of this unofficial evidence, highlighting that it is a power of the judge. However,
this position implies a series of problems that violate due process: the excessive
discretion of judges and the prohibition of declaring a sentence null and void due
to the failure to use this unofficial means of proof,
The present work seeks to address this problem regarding the nature of ex officio
evidence with the objective of determining whether the nature of this procedural
tool should be modified so that it is considered a duty of the judge. The conclusion
we reach in this work is affirmative: ex officio evidence must be a duty of the
judge, since it is the only way to protect the due right of the procedural parties in
an adequate manner in accordance with the constitutionalization of the Law. Trabajo académico