RESUMEN: El presente artículo busca exponer un problema jurídico que se presenta en la práctica del contrato de seguro de vida grupo deudores. Ante la emisión de cualquier crédito bancario, la entidad financiera exige al deudor la adquisición de un seguro de vida grupo deudores que cubra el saldo insoluto del crédito en caso de invalidez, enfermedad grave o muerte de éste. Ahora, debido al volumen y velocidad en estos negocios, son los mismos funcionarios del banco quienes asesoran y tramitan la consecución del seguro; generando, a la hora del siniestro, que el deber y falta de información, traducidos en una posible reticencia, sugieran la necesidad de una constitucionalización de este contrato que suele presentarse desequilibrado al deudor, finalmente desprotegido, del seguro que adquirió.