Es de suma importancia tener claro que en Derecho existe una premisa general, la cual consiste en entender y aplicar que todo aquel que cause un daño está en la obligación jurídica de responder, esa obligación en nuestro ordenamiento jurídico se traduce en responsabilidad. Como bien explica el profesor Libardo Rodríguez (Rodríguez, 2011:525). En el universo jurídico existen distintos tipos de responsabilidad, por ejemplo, encontramos la responsabilidad Civil, Penal, Fiscal, Disciplinaria y por supuesto la responsabilidad administrativa del Estado. Esta última encuentra su desarrollo en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual sostiene que el Estado debe responder patrimonialmente por el daño antijurídico que cause, esto responder por los daños que se le causen a una persona que no tenga el deber jurídico de soportarlo. Como consecuencia de lo anterior este tipo de responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico ya no se fundamenta en la falla del servicio, sino en el daño antijurídico, para que así no sólo se indemnizaran aquellos casos en que quedaba demostrada la anti juridicidad de la conducta del agente productor del daño, sino también aquellos casos en que pese a no existir una conducta antijurídica, es decir, una culpa o dolo en la acción u omisión, sí se producía un daño el cual era necesario indemnizar siguiendo así la línea doctrinal de los españoles.It is of great importance to bear in mind that in Law there is a general premise, which is to understand and implement that all those who cause harm are in the legal obligation to respond. This obligation in our legal system translates into responsibility. As it is well explained by professor Libardo Rodríguez. (Rodríguez, 2011:525). In the legal universe there are different types of responsibility, for example, we find the Civil, Criminal, Prosecution, disciplinary liability and obviously the administrative responsibility of the State. The latter finds its development in article 90 of the Political Constitution of Colombia, which supports that the State, must respond financially by the damage caused, this responds to the harm caused to a person who does not have a legal duty to bear. As a result, this type of responsibility in our legal system is no longer based on the failure of the service, but in the wrongful injury, so that not only the cases in which proved illegality of the agent producing damage are compensated, but also those cases in which although there is no unlawful conduct, such as fault or malice in the act or omission, if harm occurred which was necessary to compensate following this way the Spanish doctrinal line.