RESUMEN Basándose en el marco de los indicadores de derechos humanos para la política pública, el presente artículo brinda un análisis de la perspectiva fiscalista empleada por el gobierno de Ecuador después del terremoto del 16 de abril de 2016, para administrar y gestionar el desastre natural y la reconstrucción. Dicha perspectiva conllevó a la vulneración de algunos derechos humanos, afectó las capacidades de resiliencia de la población, y dificultó la generación de condiciones adecuadas para mejorar la situación de las poblaciones afectadas en Muisne, Chamanga y Canoa. De esta manera, empleando herramientas etnográficas y georreferenciales, este artículo permite entender la lógica de la aguda verticalidad de la gestión de reconstrucción y los efectos que tiene sobre la población, así como los procesos de reconstitución del tejido socioeconómico.