Más ley menos derecho, este es el axioma que se encuentra en la ley 7899 del 3 de agosto de 1999. Esta solución política de carácter inmediato tenía como claro propósito acallar las severas y crecientes denuncias que las ONGs venían haciendo sobre la explotación sexual infantil en nuestro país. Se utilizó al Derecho Penal como panacea para enfrentar las dificultades que imponen nuevas formas delictivas, algo así como si la ley no disuade entonces que castigue con mayor severidad, sin embargo la nueva ley contiene más deficiencias que las que pretendía erradicar dada la inclusión de términos ambiguos, obviando conductas delictivas y creando desproporcionalidad en la sanción. El presente ensayo pone en evidencia que los buenos propósitos pueden malograrse con una inadecuada técnica legislativa.