Al considerar la Sala Constitucional de Costa Rica que el imputado puede ser "objeto de prueba", se abrió el camino para recabar diversos elementos de prueba aún sin consentimiento, sin que ello implique violación alguna de los derechos del endilgado. Pese a ello ahora que los imputados o sus defensores no tienen justificación legal para negarse a que dichas probanzas sean evacuadas, son los peritos forenses quienes se niegan a efectuar los exámenes o tomar las muestras ordenadas -sangre, saliva, cabellos-, lo que significa una directa violación al ordenamiento jurídico penal por parte de estos profesionales.