La población reclusa colombiana al igual que cada uno de los ciudadanos que conforman este país, se encuentran bajo la protección y vigilancia del Estado, tanto así, que el hecho de encontrase privado de la libertad no significa a la vez, que sus derechos fundamentales también lo sean, por tanto que el valor de la dignidad humana y de los derechos y libertades fundamentales deben ser respetadas y garantizadas, destacando la importancia que tiene el derecho a la salud (y como servicio público esencial dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud), su garantía y la efectiva protección de este derecho a las personas privadas de la libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad. Atendiendo la crítica situación de hacinamiento y la falta de condiciones dignas que se vive al interior de los diferentes centros carcelarios en Colombia, no escapa de nuestro foco de estudio la elaboración de un análisis crítico acerca de la flagrante vulneración al derecho a la salud al interior del sistema carcelario colombiano, la normatividad existente sobre el esquema de salud de los reclusos y el estado de cosas inconstitucionales expuestas en la sentencia T 388/13. Se considera, que más allá de las distintas políticas públicas que se han implementado para la mejora de las condiciones de vida de estas personas, se ha postergado la priorización al Esquema de salud establecido, lo anterior, porque consideramos que se debe tener presente que en Colombia ya existe un estado de cosas inconstitucionales en materia de salud de las cárceles , en donde se puede identificar los principales problemas de salud y sus determinantes, reconociendo el valioso aporte que trae este estudio el comparar normativamente las condiciones de desarrollo del sistema de salud en las cárceles; esto en aras de buscar soluciones alternativas a la problemática de salud que afecta y vulnera el derecho a la vida, salud, dignidad e integridad de los internos.