Con la entrada en vigencia de la Constitución Política en 1991 y la expedición de la ley 142 en el año 94, ley por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, se instaura un nuevo modelo caracterizado por la participación ciudadana en el control de los servicios públicos domiciliarios. La presente investigación describirá y analizará los deberes que tienen las autoridades tanto del orden departamental como municipal y a los Distritos como entidades territoriales con un régimen jurídico especial, frente a la fiscalización de los servicios públicos domiciliarios, para más tarde dar cabida a una observación a la conducta de las autoridades del Distrito de Santa Marta para propender por la participación ciudadana en esta materia.