Desde hace varios a?os se ha venido discutiendo en Colombia si debe o no sancionarse a las personas jur?dicas como responsables de conductas tipificadas penalmente. Recientemente se hab?a radicado en el Senado de la Rep?blica el proyecto de ley n.? 117 de 2018 que, entre otras acciones, buscaba imponer el sistema penal para las personas jur?dicas, implicadas en actos de corrupci?n, a la vez que pretend?a castigar dr?sticamente a los gestores y propietarios de dichas personas. Adem?s, la iniciativa contemplaba ampliar la prescripci?n de la acci?n disciplinaria contra funcionarios y servidores p?blicos de cinco a veinte a?os. Al mismo tiempo se prohib?a contratar con el Estado y se ordenaba la extinci?n de dominio expr?s, en los delitos contra el patrimonio econ?mico, am?n de fortalecer la denuncia ciudadana, y sobre todo rechazar la corrupci?n. El punto que tiene mayor inter?s, para este trabajo, es el examinar si es necesario para el pa?s la incorporaci?n de las personas jur?dicas, al listado de sujetos penalmente responsables. Sin embargo, la fallida propuesta, que tuvo su origen en la consulta anticorrupci?n, no fue acogida por el Congreso y ha pasado al archivo. Como raz?n para que el proyecto fuera desestimado, solo se encuentra una noticia de Agencia efe, datada el 20 de julio de 2019 y titulada Pol?mica en Colombia por un proyecto anticorrupci?n que se hundi? en el Congreso. Todo ello, porque al parecer la causa solo obedeci? al desinter?s del Congreso de la Rep?blica en abordar temas de corrupci?n. No obstante, lo ocurrido con el proyecto de ley citado, juristas creen que las personas jur?dicas deben responder penalmente de algunos delitos, que se conocen como actos propios de corrupci?n. Esto es, los que atentan contra el orden econ?mico social, contra el patrimonio del Estado para no citar sino estos pocos ejemplos.Universidad de Ibagu?