En 1946, con la llegada del peronismo al poder, el problema de la salud de los trabajadores azucareros volvió a concitar hondos debates. En noviembre de ese año, el gobernador de la provincia de Tucumán, Carlos Domínguez, envió a la Legislatura un proyecto de asistencia médica, obligatoria y gratuita para los establecimientos laborales que contaran con más de 200 trabajadores, iniciativa que afectaba de forma directa a los ingenios. En dos meses el proyecto se convirtió en ley generando una profunda polémica que recuperó el carácter distributivo del proteccionismo azucarero y las obligaciones sociales de los industriales. En este sentido, la ley obligó a precisar los límites de la responsabilidad de los particulares y del Estado frente al problema sanitario de la agroindustria y contribuyó a articular un entramado de demandas que "desde arriba" pero también "desde abajo" posibilitaron la emergencia de la salud en términos de derecho.