Este 2 de septiembre de 2018 se cumplió un mes de la muerte de Rubén Rodríguez y Sandra Calamano, el auxiliar y la vicedirectora de la Escuela N° 49 del Partido de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, ambos fallecidos tras la explosión por una fuga de gas en la escuela en la que trabajaban. La fecha es acompañada por un contexto de reclamos puestos de manifiesto en demandas y medidas de fuerza llevadas adelante por un muy alto porcentaje de docentes y auxiliares de escuelas públicas y también por familiares y estudiantes. En estos reclamos, además de la exigencia de una mejora salarial -situación que comparten con otrxs gremios y asociaciones-, demandan un plan urgente de obras y mejoras de los edificios escolares. El pasado 17 de agosto, 15 días después de la explosión, el Boletín Oficial publicó que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenó a las empresas distribuidoras realizar “inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, en todos los niveles”. Si tomamos en cuenta la situación dramática que experimentan familiares, estudiantes y trabajadores en las escuelas, es fácil advertir que órdenes aisladas como esta, resultan absurdas frente a lo que el sentido común nos permite considerar edificios habitables y cuidados/mantenidos por el Estado. En este escrito analizamos este proceso de deterioro objetivado en los edificios de las escuelas, apoyándonos en lo que saben y conocen quienes protegen la educación de lxs niñxs.Fil: Milstein, Diana Judit. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Centro de Investigaciones Sociales. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Centro de Investigaciones Sociales; ArgentinaFil: Fernández, Silvina del Carmen. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones "Gino Germani"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina