En el sistema jurídico colombiano, el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional. En consecuencia, los árbitros gozan de las potestades declarativas que tienen los jueces de lo contencioso administrativo cuando juzgan a la Administración Pública. Si ello es así, y si tienen la competencia para declarar la nulidad de actos administrativos, con excepción de los que se dictan en ejercicio de facultades excepcionales, tienen también la competencia para hacer uso de la excepción de ilegalidad.