A partir de marzo 8 de 1982 el Gobierno Nacional facultó a las Cámaras de Comercio del país para llevar un registro actualizado de la situación patrimonial y capacidad de endeudamiento de los empresarios que expresamente lo autoricen. Esta facultad, contemplada en el decreto reglamentario 414 de 1982, conllevó a las Cámaras de Comercio a la posibilidad de montar y operar Centrales de Riesgos en sus respectivas áreas de jurisdicción.