RESUMEN: El Estado colombiano a partir de 1991 transformó su modelo de organización territorial, el cual hasta entonces se definía a partir de la prevalencia del principio unitario. La Carta Política de 1991 instituyó el ordenamiento jurídico a partir de una serie de principios entre estos, la autonomía de las entidades territoriales, la descentralización, el principio democrático y el de pluralismo. Pese al establecimiento y la distribución de competencias territoriales con respecto a la reglamentación de los usos del suelo y la protección del medio ambiente, en el ordenamiento normativo y regulador en materia minera se ha favorecido una concepción que difiere del modelo territorial planteado por la Constitución Política. Esta divergencia se evidencia en la legislación minera y en especial, en lo que establecía el artículo 37 del Código de Minas o Ley 685 de 2001. Este trabajo pretende analizar y verificar la incidencia de esta disposición normativa en la interpretación del modelo organizativo del Estado y en la limitación de las competencias atribuidas por la Constitución Política a las entidades territoriales, a partir del análisis de los fundamentos y argumentos fácticos y jurídicos de cinco acuerdos municipales de entidades territoriales del Departamento de Antioquia y de los respectivos controles de legalidad y constitucionalidad realizados por el Tribunal Administrativo de Antioquia.