Jurisprudencia constitucional y trabajo sexual en Colombia: un análisis crítico de su impacto en la regulación

Abstract

El trabajo sexual en Colombia es una actividad regulada pero aún estigmatizada y discriminada en muchos aspectos. La regulación del trabajo sexual se ha desarrollado principalmente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha reconocido los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras sexuales, pero aún se enfrentan desafíos para su plena protección y promoción. Entre los desafíos identificados se encuentran la falta de acceso a derechos laborales y seguridad social, el estigma y discriminación social, la violencia y el acoso por parte de la policía y clientes, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y la criminalización de terceros que trabajan con las trabajadoras sexuales. Es importante tener en cuenta que existen diferentes perspectivas y posturas entre los actores involucrados en la regulación del trabajo sexual en Colombia, lo que puede dificultar la implementación de políticas más justas y equitativas. Por esta razón, se requiere un diálogo amplio y participativo que involucre a las trabajadoras sexuales, organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades locales y nacionales y sociedad en general. Se deben seguir promoviendo acciones que contribuyan a la garantía de los derechos laborales, la seguridad social y la protección contra la violencia y la discriminación de las trabajadoras sexuales en Colombia, y se requiere una regulación más justa y equitativa que respete los estándares internacionales de derechos humanos

Sex work in Colombia is a regulated activity, but still stigmatized and discriminated against in many aspects. The regulation of sex work has mainly developed through the jurisprudence of the Constitutional Court, which has recognized the labor and social security rights of sex workers, but they still face challenges for their full protection and promotion. Among the identified challenges are the lack of access to labor rights and social security, social stigma and discrimination, violence and harassment by police and clients, lack of access to sexual and reproductive health services, and the criminalization of third parties who work with sex workers. It is important to consider that there are different perspectives and positions among the actors involved in the regulation of sex work in Colombia, which can make it difficult to implement more fair and equitable policies. For this reason, a broad and participatory dialogue is required involving sex workers, human rights organizations, local and national authorities, and society in general. Actions that contribute to guaranteeing labor rights, social security, and protection against violence and discrimination of sex workers in Colombia must continue to be promoted, and a more fair and equitable regulation that respects international human rights standards is required.