En octubre de 2019 se verifican en Chile las movilizaciones sociales más masivas desde el retorno a la democracia. Un estallido social, liderado y sostenido principalmente por personas jóvenes de diversos orígenes sociales y culturales, ha suscitado nuevamente el debate sobre estas juventudes nacidas y formadas bajo la democracia que se construyó en Chile a partir de los años noventa. Es decir, se ha comenzado a analizar el fenómeno desde las subjetividades juveniles construidas tras el retorno a la democracia (Ruiz, 2020; Peña 2020). La pandemia encontró un país movilizado en las calles y organizado en múltiples asambleas autoconvocadas a lo largo de los barrios de Chile. La crisis sanitaria provocó una migración de las manifestaciones desde los espacios públicos, a los espacios virtuales, propios de la sociedad red donde se canalizaron los enfados con el sistema político chileno, incapaz de responder a las demandas urgentes de la ciudadanía. Lo anterior quedó de manifiesto en julio de 2020 cuando una de las soluciones propuestas por el Congreso para paliar la crisis de las familias chilenas fue la autorización por ley del uso del 10% del ahorro previsional de la población que ya sentía el apremio de la cesantía: en el segundo trimestre del año pasó de un 8.2 a un 12.9%. La pandemia visibilizó aún más la manera en que el mercado se había traslapado en la vida cotidiana, dejando a su arbitrio el acceso y la satisfacción de las necesidades básicas. Durante la pandemia, la desigualdad existente se expresó con dramática nitidez a lo largo y ancho del territorio, y fue la que mantuvo, y ha mantenido, la lucha de no pocos sectores de la población por cambiar el modelo de desarrollo económico-social instaurado en Chile a través de un nuevo ordenamiento político institucional. En este sentido, la pandemia fortaleció y radicalizó la esperanza depositada en el proceso constituyente que tiende a cambiar la Constitución política del Estado y, con ello, el sistema de relaciones de poder en la sociedad. Mediante un plebiscito, la ciudadanía debió optar entre dos propuestas respecto a quienes redactarían la carta fundamental: una convención mixta, compuesta por un 50% de ciudadanos elegidos y por un 50% de congresistas en ejercicio; o una convención constitucional, integrada por 155 ciudadanas/os completamente elegidas/os por las personas con derecho a votar. Esta última opción fue la que se impuso en el plebiscito de octubre de 2020. La participación juvenil en esta instancia no fue menor si se considera que, desde la promulgación de la ley de inscripción obligatoria y voto voluntario en el 2012, la participación en las urnas de este segmento etario (18-24) venía en bajada. Sin embargo, las juventudes acudieron a las urnas en pandemia y su voto fue significativo para el 78,27%, con el que ganó la opción Apruebo. De hecho, según un monitoreo post plebiscito realizado por el centro de estudios CADEM, los menores de 35 años se inclinaron en un 89% por la opción Apruebo, a diferencia de los de 55 y más años, que votaron esta alternativa solo en un 69%. Lo anterior evidencia que la crisis sanitaria mundial no ha sido un obstáculo para continuar con la discusión del ordenamiento político que se consagrará en la nueva Constitución y que podría reconfigurar históricamente los derechos y deberes, así como los mecanismos que determinarán los procesos e instituciones del sistema político democrático nacional, de las personas que viven en el país. En ese marco, sostenemos que las diversas manifestaciones en el espacio público que lideraron juventudes a nivel nacional y local desde inicios de la década del 2000, activaron y fortalecieron un movimiento social mayor, en cuyo seno se alojan demandas de reconocimiento de derechos sociales, políticos y de tercer orden que esperan ser consagrados en la nueva Constitución; cuestión que cobró aún más sentido en una pandemia reveladora de la desprotección en la que se encuentran ciudadanas y ciudadanos del país. En este contexto, nos pareció necesario identificar las diversas y, a veces, contradictorias construcciones sociales de nociones como “ciudadanía”, “participación”, “democracia”, “derechos y deberes”, “Estado” y/o “nación” que las juventudes chilenas están elaborando a través de diversas prácticas para preguntarnos si efectivamente están construyendo y comunicando nuevas formas de entender la ciudadanía y la participación política, o solo estamos ante variantes forjadas al calor de la interiorización de la globalización neoliberal (Lechner, 2015) que profundiza en las dinámicas de una sociedad de consumo. Si las juventudes son expresión de ese “nuevo pueblo” del cual habla Carlos Ruiz (2020) o de los nuevos sectores medios emergentes (Mayol, 2020), sus formas de construcción social de los elementos centrales del nuevo ordenamiento político-institucional tendrán enormes significaciones para el futuro de Chile. Esas subjetividades políticas juveniles tienen hoy un alcance estratégico para la cultura política del país.