La suscripción por parte del Gobierno Nacional de un Acuerdo con las llamadas Farc-Ep, en el cual se abordaron diversas problemáticas de tipo social, político y jurídico, obliga a tratar de precisar los alcances jurídico-penales de esa negociación, con particular énfasis en los fines de la pena y, por ende, del derecho penal, para precisar si se respetan o no los cometidos que la Constitución y la ley penal le asignan a la sanción; por supuesto se debe inscribir esta reflexión en el marco de las normatividades internacionales y de los diversos convenios sobre la materia. A esas metas están dirigidas las presentes reflexiones que, obvio es decirlo, se enmarcan en un plano más general en la discusión sobre la justicia transicional y la justicia restaurativa.