La llegada de venezolanos al territorio colombiano desde 2015 ha evidenciado la necesidad de formular una política migratoria basada en los derechos humanos que dé respuesta a los vacíos de protección que se presentan al momento de garantizar los derechos de los migrantes que logre cubrir las necesidades humanitarias de estas personas y permita regularizar su situación. Es por esto que resulta fundamental evaluar el marco jurídico referente a estos derechos así como la manera en que las instituciones y organizaciones han cubierto las necesidades de la población y creado rutas para acceder a puestos de trabajo y al sistema de salud.