Antes de la constitución de 1991, la educación sexual en Colombia no había sido una prioridad debido a que se creía que el tema debía manejarse dentro del ámbito privado. No obstante, lo que sucedía en lo privado tenía repercusiones en el ámbito público: embarazos no deseados en jóvenes, sobrepoblación, pobreza, enfermedades de trasmisión sexual, debates éticos y morales sobre el aborto, etc. Sin embargo, con el cambio de constitución llegó la oportunidad de poner el tema en el debate público generando cambios en las políticas públicas sexuales conforme se presentan las necesidades sociales de los colombianos, todo esto gracias al carácter progresista de la constitución.