Este trabajo de investigación empleó como metodología, la comparación cualitativa de los criterios de flexibilidad y restrictivos de las políticas migratorias de ambos países; como de las medidas especiales creadas por Chile (Visa de Responsabilidad Democrática) y por Colombia (Permiso Especial de Permanencia), para la gestión única de los migrantes venezolanos, frente a los marcos de protección internacional para los migrantes y los refugiados, suscritos por ambos países. De igual manera, bajo los postulados teóricos del Neo-institucionalismo histórico, propuesto por Peter Hall y Rosemary Taylor (1996), se comprobó cómo el Estado, a través de las políticas migratorias, logra influir en las expectativas y conductas estratégicas que los migrantes puedan tener, con el propósito de llegar, y establecerse o no, en otro Estado. La falta de abastecimiento en alimentos; de suministros médicos; de la prestación de servicios públicos esenciales; la violencia generalizada; la represión política, y la constante violación a los derechos humanos por parte del Gobierno; han sido razones por las cuales, a septiembre de 2018, habían salido de Venezuela 2´648.509 de inmigrantes (OIM, 2018); cifra que sigue en constante crecimiento. Ante este panorama, Chile y Colombia han sido países de recepción del elevado flujo migratorio, lo cual significa un gran reto en gestión migratoria para las instituciones y sociedades de los Estados; es decir, el Estado soberano debe hacer cumplir su política migratoria, pero a su vez, garantizando la aplicabilidad de los marcos de protección internacional a los que estén acogidos, como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, y la Declaración de Cartagena de 1984.