El contrato de seguro prevé obligaciones recíprocas entre que las partes, por lo que el artículo 1058 del Código de Comercio respecto de la obligación de declarar el estado del riesgo, establece una carga para el tomador, en el cual en caso de incumplirse dicha obligación acarrearía la nulidad relativa del contrato, pero igualmente existe la obligación por parte de la aseguradora de verificar el estado del mismo. Como consecuencia de lo anterior, este estudio se centrará en identificar si la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha actuado conforme a las normas que regulan el contrato de seguro o si por el contrario ha incurrido en un constitucionalismo de dicho contrato desconocimiento sus principios jurídicos específicamente en el seguro de vida deudores.