A raíz de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos, el mundo se ha transformado y la forma en la que se hacen negocios ha cambiado radicalmente. Con la entrada en vigencia de la Acta Patriota (USA Patriot Act) las entidades financieras formales tales como la banca y las no estrictamente formales, como los negocios de servicios monetarios (MSB’s) han sido exigidas por las entidades de fiscalización y supervisión para que ejerzan mayores controles sobre los flujos de dinero que negocian, mueven y administran. El tema relacionado a los mecanismos de detección y prevención del lavado de dinero, ha adquirido en los últimos tiempos una especial relevancia mundial, en la medida en que se ha tomado conciencia de que una de las más eficientes formas en que los países pueden debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales, es mediante la prevención y represión del lavado de dinero y activos producto de tales actividades. En Guatemala, también en el año 2001, se aprueban las leyes para prevenir el lavado de dinero, derivado de esta ley, las empresas que se dedican a las transferencias de fondos se ven obligadas a establecer sistemas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero en su negocio. El principal negocio de las empresas de transferencias de fondos es pagar las remesas que son enviadas desde Estados Unidos (principalmente) por guatemaltecos que residen allá a sus familiares en Guatemala. En el 2007 según el Banco de Guatemala, se recibieron $3,600 millones por concepto de remesas. Debido a la cantidad de dinero que se recibe por este rubro se ha generado una discusión sobre el origen de estos flujos y la forma en que las empresas que los canalizan administran el riesgo de que ese dinero tenga origen lícito. El objetivo de esta investigación es evaluar los sistemas y procedimientos que son aplicados en las empresas remesadoras para prevenir el lavado