La cesión unilateral del contrato estatal por actos de corrupción sin lugar a indemnización al contratista inhábil se presentó en el Congreso de la República como una medida necesaria para avanzar en la lucha contra la corrupción, no obstante, debido a su novedosa incursión en la normativa contractual pública, se hace necesario revisar los referentes legales, normativos o contractuales sobre los cuales se implementará y sí a través de ella se confiere un poder excepcional a la administración pública sobre sus contratistas que desborda el legítimo ejercicio del poder punitivo del Estado.