Colombia constitucionalmente es un Estado Social de Derecho y dispone de la Policía Nacional, que “(…) es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil (…) cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Const., 1991, art. 218). Según la Ley 62 de 1993 la Policía Nacional tiene “funciones preventivas, educativas y ecológicas”. No obstante, su carácter civilista policial que la diferencia de los otros cuerpos de la Fuerza Pública de carácter militar se desdibujó con acciones reactivas para atender el conflicto armado interno, en obediencia al nuevo concepto de orden público emanado de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-476-97. Este fenómeno se evidencia en los resultados del estudio exploratorio comparativo adelantado en el presente trabajo, entre los contenidos de la legislación y las prácticas descritas en los titulares del periódico El Tiempo, uno de los más leídos en el país. El estudio comprende el período 2009 - 2014 y el reporte de gestión operativa frente a conductas de violencia en detrimento de la acción preventiva de conflictos de convivencia. Así, en el país, la paz como valor constitucional, razón de la búsqueda del Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado y actitud de vida deseable de todo(a) colombiano(a), está en deuda, por el faltante de una “institucionalidad” entendida “no solo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida y produzcan bienestar” (Jaramillo, 2014, p.6).