Las buenas relaciones entre Argentina y Uruguay se vieron perturbadas en 2003 por el proyecto de construcción de dos plantas de pasta de papel en la margen izquierda del Río Uruguay, que sirve de frontera a los dos países. De acuerdo con Argentina, al autorizar unilateralmente las plantas proyectadas, su vecino vulneró las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional general (incluyendo la normatividad ambiental) y del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Al manifiesto inconformismo oficial se unieron las acciones emprendidas por grupos de ciudadanos argentinos, que bloquearon la comunicación binacional a través de los puentes fronterizos. Por su parte, Uruguay ha condenado la inacción del Gobierno argentino ante el bloqueo de las vías, el cual le fue altamente perjudicial en términos económicos. Frente a estas dos situaciones, el presente trabajo ofrece un análisis de la responsabilidad en que incurrieron dichos países como consecuencia de su incumplimiento de obligaciones internacionales. El trabajo concluye que en ambos casos tal responsabilidad está relacionada con insuficiencias en cuanto a la diligencia debida esperada de los dos gobiernos en términos de los principios del derecho internacional público contemporáneo.