La promulgación de la Constitución de 1991, del Código Penal de 2000, y en especial del artículo 11 de ese estatuto, modificaron el marco general que justificaba la punición de los llamados delitos de peligro abstracto o presunto, los cuales, hoy en día, dada su misma naturaleza, resultan contrarios a algunos axiomas de la dogmática jurídico penal. De ese modo, para que su aplicación no conculque normas superiores, su interpretación debe hacerse de acuerdo con lo que al respecto ha sido desarrollado por vía de jurisprudencia y doctrina, esto es, comprobando judicialmente el peligro para el bien jurídico en cada caso concreto. Sin embargo, lo cierto es que, aunque se han diseñado ciertas fórmulas para adelantar tal comprobación, ésta es complicada y no siempre puede hacerse de manera certera. La dificultad es particularmente manifiesta en lo que tiene que ver con los delitos económicos, los cuales se han concebido, casi todos, como delitos de peligro abstracto.