A pesar de que no hay debate jurídico sobre la obligatoriedad del respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, aún existen muchas dificultades para la medición de su cumplimiento. Como consecuencia de lo anterior, garantías como la obligación de progresividad, en su componente mínimo y en su apreciación hacía adelante, se vuelven ineficaces. Por tanto, es imperativo el desarrollo de análisis interdisciplinarios que permitan construir metodologías para la medición del cumplimiento de la garantía de estos derechos. En este caso, el “derecho a una vivienda adecuada” que, como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, tiene diversos aspectos, entre otros, habitabilidad, seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de ciertos servicios y el aspecto “lugar”. Este artículo, tiene como propósito presentar una metodología que permita medir, satisfactoriamente, el aspecto “lugar”. Por las limitaciones de espacio, sólo me refiriré a los posibles indicadores y aplicación. Esta metodología, está siendo desarrollada por el autor, como consultor de la Defensoría del Pueblo, ente estatal colombiano dedicado a la promoción de los derechos humanos, que a través de su programa ProSeDHer busca la creación y divulgación de herramientas para su mejor garantía y respeto. Se utiliza a la ciudad de Bogotá como referencia, debido a que, actualmente, el objeto de evaluación de la Defensoría del Pueblo son los proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario en desarrollo en las áreas integradas al perímetro urbano que pertenecían a las zonas de expansión del sur y borde occidente.