La crisis migratoria que se vive en el Mediterráneo, evidencia que la Unión Europea (UE) continúa sin lograr implementar una política migratoria coherente, común y multidimensional, que facilite su articulación y efectividad a través de medidas dirigidas al logro de un flujo legal, ordenado y seguro a través del Mar Mediterráneo, desde los países del norte de África. Hasta el momento, las medidas diseñadas por la entidad supranacional se han caracterizado por pretender gestionar la migración irregular mediante la externalización de las fronteras comunitarias y la lucha contra las organizaciones criminales que promueven el tráfico y la trata de personas, ignorando su responsabilidad histórica e implementando respuestas emergentes en las que predomina su tratamiento discriminatorio. La presión migratoria en la zona mediterránea continuará siendo fuente de preocupación para los Estados miembros de la UE en primera línea y para el Viejo Continente en general. Estamos en presencia de un fenómeno que involucra tanto a los migrantes que califican como refugiados, como a las personas que migran por motivaciones económicas, familiares, laborales y que dada su magnitud, sus implicaciones de carácter humanitario, así como la complejidad y/o imposibilidad de su solución se ha ido colocando en lo más alto de la agenda política actual.