Problematización: Durante la tramitación de la Ley 21.030, promulgada el 14/09/2017, la objeción de conciencia (OC) fue una temática relevante y polémica al ser considerada un derecho para el equipo de salud y las instituciones sanitarias, surgiendo interrogantes sobre el rol del Estado en la implementación y aplicación de la ley. Objetivos: Explorar las representaciones discursivas de actores/actoras clave sobre el rol del Estado relacionado con el ejercicio de la OC y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales (IVE) en Chile. Metodología: Investigación cualitativa. Paradigma post positivista. Se realizó entrevista en profundidad a 25 actores/actoras identificables según su relevancia en el debate público y parlamentario. Las entrevistas fueron analizadas según teoría fundamentada hasta la codificación abierta y análisis de contenido, triangulando los resultados de los procesos inductivos y deductivos. Se cumplió con criterios éticos y de rigor metodológico. Resultados: Posterior al análisis se identifican 4 categorías: - Estado como entidad reguladora y fiscalizadora: regular y fiscalizar al sector público y privado, identificándose discursos tendientes a considerarlo garante de los derechos de las mujeres a la IVE y otros donde debe reconocer y garantizar la OC individual e institucional; asegurar el derecho a la salud con calidad, equidad y gratuidad; proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud; estar al servicio de la ciudadanía, estableciendo principios y regulaciones para cumplir como garante del ejercicio de derechos de los pacientes; generar reglamentos y/o protocolos para asegurar el acceso a la IVE en instituciones de salud públicas y privadas; responder a las necesidades de la mujer, respetando su conciencia y derechos, sin obligarla a gestar en contra de su voluntad. - Estado y OC individual: regular su ejercicio evitando problemas en cobertura de las prestaciones relacionadas con IVE; regular la formación y contratación de profesionales/personal de salud, garantizando disponibilidad de no objetores; cautelar que no corresponda a una desobediencia civil; no obligar a actuar en contra de las convicciones respetando la libertad individual; garantizar derecho del objetor en el sector público; respetar la libertad de decidir y creencias religiosas de los funcionarios; no intervenir en la vida privada, religiosa o sexual. - Estado y OC institucional: respetar la libertad de conciencia de instituciones privadas y con convenios con el Estado; contar con estructuras administrativas permitiendo aplicación de la ley vía reglamento, regulando el ejercicio de la OC en el sistema público y privado; fiscalizar que las instituciones privadas cumplan con requerimientos de salud pública; cautelar que la libertad de emprendimiento de privados no incumpla la legislación afectando el acceso a las prestaciones; establecer condiciones y revisar convenios con instituciones privadas que reciben aporte fiscal. - Valoración función y deberes del Estado: percepción de ineficiencia y anquilosamiento no dando cuenta de la realidad económica, cultural y social; incapaz de reglamentar a privados. Estado al servicio del bien público; inmune a presiones o intereses de grupos de poder; necesidad de reforma y modernización de la institucionalidad.FONDECYTFONDECYT